Redacción - La Estrella de Antofagasta
Cerca de 35 manifestantes de diversas organizaciones sociales se reunieron en el frontis de la Intendencia Regional para mostrar su rechazo por el desalojo que realizó la gobernación el martes pasado del campamento René Schneider II ubicado en el sector centro alto de Antofagasta.
"Este desalojo fue intempestivo, (...) nosotros lo único que quisimos era recuperar nuestras mallas porque nos costó mucho dinero y fue ahí donde las Fuerzas Especiales actuaron con una prepotencia tremenda", dijo Maritza Osorio, vocera del comité del campamento.
El campamento estaba en proceso de levantamiento hace más de dos meses. "Yo no veo porqué esta fuerza fue tan desmedida. Somos 90 familias las que estábamos por habitar este campamento. (...) Estamos pidiendo solamente un lugar en un cerro, no sé a quién le puede molestar tanto que pidamos un pedazo de tierra en un cerro... es inaudito que nos saquen de esta manera", expresó Osorio.
Además señaló que la carta de notificación sobre el desalojo del 31 de enero indicaba que el desalojo era para otro campamento. "No nos avisaron, no tuvimos una notificación anterior donde se nos avisara. Ellos llegaron, conversaron con nuestro dirigente, no llegaron a ningún acuerdo y ahí nos desalojan", manifestó Osorio.
También afirmó que "vamos a volver a levantar nuestras viviendas y estar firmes y bien parados nuevamente. Venga quien venga, no nos vamos a mover de acá".
Gobernación
Respecto a esta situación, gobernador (s) de la provincia de Antofagasta, Carlos González, explicó que "a nosotros, a petición de Bienes Nacionales, nos llegó un oficio el 31 de enero de este año donde se dictó una resolución que yo las hago como asesor jurídico, solicitando el desalojo administrativo de los terrenos que nos pidió Bienes Nacionales que estaban ocupados de forma irregular".
González expresó que la resolución ya está dictada por la autoridad saliente. "Teniendo como base, además como asesor jurídico y la orientación que yo le he entregado a los funcionarios, que cualquier toma de terreno fiscal irregular, en el fondo es un delito. Si bien la toma dice relación con una necesidad social, la toma en sí es una falta a nuestros códigos".
Referente a la declaración de Osorio que van a seguir levantando sus viviendas, el gobernador (s) provincial indicó que "de este procedimiento en particular nuestros funcionarios de las unidades de Seguridad Pública, ésta es como la tercera o cuarta vez que han ido a efectuar el desalojo".
Afectados
González también mostró su preocupación por las agresiones que sufrieron dos funcionarias de gobernación. "Estamos coordinados con la asociación de funcionarios para coordinar las acciones legales", dijo.
Por su parte la Asociación de Funcionarios de la Gobernación Provincial informó que repudia categóricamente los actos de agresión física y verbal recibidos por tres funcionarios públicos.
"Ésta entidad gremial solicitará se inicien las acciones correspondientes para perseguir la responsabilidad criminal que le cabe a los autores de estas agresiones, atentatorias contra la integridad corporal de las funcionarias y funcionario, tal como lo dispone el artículo 90 del Estatuto Administrativo" dijeron en un oficio.