Migrantes

Señor director:

Ante los datos por las personas no autorizadas para ingresar a Chile en 2018, corresponde hablar en perspectiva: fueron 13.742 rechazos, equivalentes al 3,1% de todas las visas entregadas en 2018 (DEM), y solo el 1,09% de los 1.251.225 inmigrantes estimados al 31 de diciembre de 2018 (INE y DEM).

El criterio que primó fue la no consistencia entre la intención de ingresar como turistas declarada y su intención real de permanecer en el país.

Luego de la necesaria regularización extraordinaria y los cambios en el sistema de visas, se ha ordenado el flujo migratorio. Una reforma en curso -de ser aprobada- permitiría que el extranjero ingrese desde el día 1 con RUT, puerta de acceso a contratos de trabajo, arriendo de viviendas y servicios, facilitando su inserción y evitando vulneraciones en sus derechos (como trabajos precarios o subarriendos altamente cuestionables y abusivos).

Sin embargo, Héctor Pujols, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, plantea que el Ejecutivo debiera facilitar la llegada de los extranjeros ante las cifras de rechazo. Su declaración es simplista, pues no considera las vulneraciones antes expuestas. Mientras unos se preocupan de que todos puedan entrar, el Gobierno va más allá y se preocupa de que quien entre, lo haga por la puerta ancha y en igualdad de condiciones, para no tener ciudadanos de segunda categoría.

Susana S. Valdés

Políticas públicas y migración

Diferentes instrumentos pueden facilitar que el actual proceso migratorio contribuya al desarrollo cultural, social y económico regional. Las políticas públicas son uno de ellos.

Estas iniciativas a nivel nacional son fundamentales, pero también considerar que las realidades de cada región pueden presentar diferencias en materia migratoria, por sus propias características. En este contexto, las acciones de los gobiernos regionales y de las municipalidades pueden complementar las políticas nacionales, contribuyendo con ello, a una adecuada gestión de la migración, en beneficio de los propios migrantes y de los nacionales de las comunidades de acogida. Como OIM valoramos los esfuerzos realizados por el gobierno regional de Antofagasta y por las municipalidades de las comunas en diferentes ámbitos, para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los migrantes y el cumplimiento de sus obligaciones. Para seguir avanzando, trabajamos con estos organismos para abordar los desafíos que tenemos, a través de políticas públicas basadas en información pertinente, con enfoque integral, que respeten el marco jurídico sobre los migrantes y desarrolladas sobre la base de alianzas entre el sector público, privado y la sociedad civil.