Ignacio Araya
Un total de 38 permisos de caza (4 de caza mayor y 34 de caza menor) han sido entregados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la región de Antofagasta durante lo que va del 2019. Con ese permiso, los cazadores tienen autorización para ir en busca de aves durante la temporada autorizada -y que tienen una cuota definida-, o de animales que son considerados especies perjudiciales.
Si bien hay 26 especies definidas por el SAG para su caza, la gran mayoría finaliza su temporada a fines de julio, y solo tres quedan aún permitidas en la zona norte de Chile: el yeco, la codorniz y la paloma de alas blancas (ver recuadro con número que se pueden cazar por jornada). Esas tres especies terminan su temporada mañana. El resto del año hay autorización para la caza de especies consideradas dañinas para el ecosistema sin límite de ejemplares, dependiendo del caso.
Los permisos se diferencian de acuerdo al peso que tiene el animal en estado adulto: si pesan más de 40 kilos, debe tener permiso de caza mayor. Si es menor a eso, es especie de caza menor. El reglamento, además, autoriza dos tipos de armas: si tiene permiso de caza menor, pueden usar escopetas de calibre 10 o menor, rifles calibre 22, aire comprimido, ballestas y arcos. Si es caza mayor, pueden ser armas de fuego de calibre superior a 6 milímetros, siempre que no sean material de uso bélico de acuerdo a la Ley de Control de Armas.
Faltas
El mismo SAG se encarga de fiscalizar cuando alguien no está cumpliendo con la ley de caza. Este año solo se ha efectuado una multa por infringir la normativa. "Lo importante de la aplicación de la Ley de Caza es proteger la fauna que está en peligro o vía de extinción, con el fin de no afectar el equilibrio medioambiental en los diferentes pisos ecológicos", dice la directora regional del SAG, Angélica Vivallo.
Además de Carabineros o la autoridad marítima, en Mejillones hay inspectores "ad honorem" de la Fundación para la Sustentabilidad del Gaviotín Chico que también controlan la caza. "En Mejillones colaboramos en identificar cualquier acción o actividad que ponga en riesgo a las especies que se encuentran protegidas por la ley, e informamos a los funcionarios del SAG, quienes siempre están coordinando acciones con nuestros inspectores", explica Alberto Rivera, director ejecutivo de la Fundación.
Hasta ahora, explica Rivera, se han cursado infracciones por destrucción de nidos, "pero la principal labor ha sido la de educar con respecto a la Ley de Caza", dice. Cuando se sorprende a alguien incumpliendo la norma, el proceso puede derivar en multas que llegan a 25 UTM (aprox. $1.200.000), la suspensión o inhabilitación del permiso de caza. Si se llega a comprobar un delito, el Ministerio Público sanciona con prisión en grado medio a máximo, y multas que van entre las 3 y 50 UTM.
25 UTM es la multa máxima para quien incumpla la Ley de Caza.