Delitos contra la propiedad, los más frecuentes para Defensoría
El hurto sigue siendo el ilícito más común, según cuenta de la institución.
Los delitos contra la propiedad, lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar y las infracciones a la ley de tránsito siguen siendo los más frecuentes entre los imputados defendidos por la Defensoría Penal Pública en la región Loreto Flores Tapia en su Cuenta Pública de Gestión,
Así lo indicó ayer la jefa regional de la institución, Loreto Flores Tapia, al entregar la cuenta pública de gestión, según la cual el año pasado 16 mil 775 imputados contaron con un defensor penal público en la zona. De acuerdo al informe, el 73% de ellos tienen sus causas terminadas y la forma de término más decretada fue la salida alternativa, con un 30 por ciento del total, seguida por la dictación de sentencia, que llegó al 26%.
En materia de juicios orales, la Defensoría Regional obtuvo 237 absoluciones el 2013, lo que representa a un 30,7 por ciento del total de las sentencias dictadas en este tipo de tribunales. Con ello, dicho porcentaje mantuvo su tendencia creciente, que experimentó a partir del 2011, lo que a juicio de Flores es "el resultado de un trabajo serio y acucioso".
En cuanto a los delitos más comunes entre los imputados, aseguró que el hurto sigue siendo el más común, representando un 46% del total de ilícitos contra la propiedad. Señaló, también, que en lo relativo a las infracciones a la Ley de Tránsito, destaca la disminución en un 45 por ciento promedio en el manejo en estado de ebriedad, advertida desde la entrada en vigencia de "Ley Tolerancia Cero" el 2011.
La Defensora Regional hizo hincapié en el trabajo que la institución ha desarrollado con aquellos segmentos sociales que exigen el conocimiento específico de determinadas normas penales y procesales, como los adolescentes, extranjeros y migrantes, mujeres e indígenas.
Durante el 2013, la Defensoría Regional atendió a mil 784 jóvenes, 2 mil 896 mujeres, mil 159 extranjeros y migrantes y 106 personas que se autoidentificaron como indígenas.
"En todos los casos y, especialmente en aquellos en que los involucrados pertenecen a estos grupos vulnerables, la Defensoría tiene por objetivo garantizar y restablecer sus derechos. Para ello nuestros defensores y defensoras han participado en capacitaciones jurídicas tanto en lo referido a los requisitos de procesabilidad para la persecución de algunos delitos como en la verificación de los presupuestos para algunas penas sustitutivas como la expulsión", enfatizó.
Respecto a los desafíos institucionales, destacó que se asumirá con la misma calidad y diligencia el alza en la atención de público e imputados ante la aplicación de las penas sustitutivas de la Ley 20.603.J