Camila Infanta
En su sesión mensual ayer el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) invitó a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para explicar principalmente los avances y estados del proyecto que prepara el Ejecutivo y que tiene como fin reformar la educaciónsuperior.
En la instancia, donde Delpiano llegó acompañada de la subsecretaria Valentina Quiroga y el jefe de la división de educación superior, Francisco Martínez, los presentes conversaron durante más de dos horas y trataron coordinar un ritmo más fluido de diálogo.
La ministra explicó que había sido una reunión grata y anunció que el próximo martes se realizará una reunión técnica, donde se invitó a los rectores, para analizar los capítulos de esta reforma.
Sobre el sistema de financiamiento, Delpiano dijo, a la salida de la cita, que se hará llegar a todos los rectores en cuanto esté listo, sin embargo, explicó que "es un tema complejo y no sólo por el tipo de financiamiento, que es el arancel regular, fondos basales, sino que además todo esto en un momento económico complejo. Entonces estamos trabajando en eso y junto con el ministerio de Hacienda y la Segpres".
Sobre la fecha específica de presentación del proyecto ante el Congreso, la ministra evitó dar un plazo, pues aseguró que será la Presidenta Michelle Bachelet quien decidirá ello. Al ser consultada si será antes del 21 de mayo, como se comprometió la Mandataria, Delpiano dijo: "Así lo quisiéramos".
El vicepresidente del Cruch y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, dijo que la visita había sido muy oportuna, pues existe mucha inquietud por lo que tendrá el proyecto.
"Le dijimos que para nosotros es imprescindible conocer a qué obligaciones y qué instituciones tendrán que cumplir. Aunque aún no está el diseño de ese financiamiento, esperamos recibirlo en los próximos días, pues ya nos están preocupando los plazos. Ojalá esté antes de la próxima reunión, a fines de abril".
Anteriormente el Mineduc le había entregado una minuta a los académicos plantea entre otras cosas donde se especificaba que el proyecto tendrá una multa de más de $400 millones para aquellos que no cumplan con garantizar el derecho a la educación, la creación de la agencia de calidad, la fiscalización de los proyectos que tengan faltas graves y los cambios en el proceso de acreditación.