Jorge Reyes P. - Medios Regionales
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, confirmó ayer la decisión de demandar a los padres o tutores de menores que destruyan bienes públicos en manifestaciones, como señaléticas, semáforos o paraderos, en un anunció que desagradó a dirigentes estudiantiles y representantes del sector.
La diputada comunista Camila Vallejo dijo que la medida "no resuelve el problema de origen, y que además podría abordarse desde otro punto de vista". En lugar de demandas, propuso que deban pagar por otras vías, como "trabajos sociales o trabajos comunitarios para poder aprender desde esa forma y no tener que responsabilizar a familias con multas que son exorbitantes y que ni siquiera van a poder pagar", añadió.
El vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios(Cones), José Corona, lamentó la decisión y coincidió en que no solucionará el problema.
"Esto deja para la arbitrariedad y muchas veces para la criminalización de los movimientos sociales", dijo a radio Cooperativa.
Corona continuó su critica a través de Twitter: "El Ministerio del Interior responsabiliza a padres por delitos de menores de edad. ¿El Estado no es responsable de la segregación que da paso a la delincuencia?".
"La mayoría de los jóvenes vulnerables provienen o desertan de la educación pública", agregó.
Dirigentes de distintas universidades se expresaron en similares términos.
No hay criminalización
La decisión de recurrir en contra de los padres fue tomada luego de una consulta realizada por la Subsecretaría del Interior el 3 de marzo al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que respondió positivamente a la moción.
"El CDE manifestó que efectivamente nosotros podemos hacer demandas civiles para recuperar el total o parte del costo del daño a la infraestructura pública", dijo Aleuy.
Como condiciones para recurrir por esta vía se acordó que debe existir una sentencia; el daño tiene que ser en bienes públicos; se debe acreditar la pérdida; habrá un plazo de prescripción; que los demandados tengan capacidad de responder; y el infractor debe vivir con sus padres.
Aleuy rechazó un intento por criminalizar el movimiento social. "En ningún caso hacen demandas contra organismos sociales que se manifiestan públicamente".
