Camila Infanta S.
Firma quincenal y arraigo nacional son las medidas cautelares que deberá cumplir el ex ministro y ex precandidato presidencial, Laurence Golborne, mientras dure la investigación que lo vincula a presuntos delitos tributarios en el marco del caso Penta.
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público aseguró que Golborne, en su declaración de noviembre de 2014, negó antecedentes respecto al financiamiento de sus campañas y respondió "de manera falaz".
Según la fiscalía, el ex ministro del MOP, Minería y Energía, en la administración anterior, recaudó $378 millones a través de facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados, entre el 2012 y 2014, a las empresas Penta, Penta III, y Ripley, entre otras.
Afirman que Golborne sólo habló de Penta y no mencionó el resto.
Del total de los dineros, $218 millones fueron recibidos a través de facturas emitidas por la empresa Vox Comunicaciones, de pertenencia del ex aspirante presidencial, mientras que otros $160 millones a través de VSA y Siglo Outsourcing.
Según los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, los dineros fueron utilizados para financiar la campaña senatorial y la precampaña presidencial. La primera se realizó en 2013 cuando, en el bloque del actual Chile Vamos, no lograron doblar en Santiago Oriente, y fue vencido por Manuel José Ossandón. La segunda no llegó a materializarse y el ex ministro bajó su precandidatura en abril de 2013.
"No hay delito alguno"
Si bien el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la fiscalía solicitaron arresto domiciliario total y arraigo nacional, finalmente el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, desestimó la solicitud y otorgó únicamente firma quincenal, pues las medidas decretadas, "igualmente satisfacen los fines del procedimiento", sostuvo.
Tras la audiencia, el ex secretario de Estado aseveró que existe "un juicio político donde se está acusando de manera distinta a diferentes actores". Agregó que, si bien los dineros solicitados fueron después de que ocupó cargos públicos, "estoy dispuesto a someterme a los tribunales para llegar a determinar que desde el punto de vista tributario, no he cometido delito alguno".
Sobre la opción de ir a un juicio abreviado, donde se exige que el imputado reconozca delitos a cambio de una pena más baja, Golborne dijo que nunca aceptó reconocer algo que no hizo. "Efectivamente me acerqué al grupo Penta y les pedí ayuda para ese posicionamiento (la precampaña). Esto fue después de haber sido funcionario público, después de haber sido ministro y eso consta en mis declaraciones", afirmó.
SII responde: "son casos distintos"
Luego de que el defensor de Laurence Golborne, Juan Pablo Kinast, asegurara que en el caso Penta ha existido un trato desigual, el abogado del SII, Benjamín Ríos, dijo en las réplicas que "no todos los hechos son equivalentes. No es posible comparar una facilitación durante tres años tributarios, de 25 documentos a 11 empresas distintas por un monto que bordea los 400 millones de pesos, con otros casos de facilitación que se han llevado ante la justicia tributaria y aduanera, que son por cinco documentos y por montos que -muchas veces- no superan los $5 millones".