Hace una semana exacta finalizó el plazo para cancelar la renovación del permiso de circulación, donde como es algo "típico chileno", la mayoría llegó a última hora a ponerse al día con el trámite.

Desde la Municipalidad de Antofagasta dieron a conocer que el último día fueron 41 mil 851 los contribuyentes que cumplieron con el pago, en donde 25 mil 712 de estos trámites se realizaron por internet.

Además, durante esta semana se registró un considerable aumento del público que llegó a cumplir con el proceso, alcanzando los 28 mil y cinco pagos cancelados y por lo tanto, en total son 46 mil 365 personas que realizaron el trámite.

Según las estimaciones que mantenían desde el municipio, el proceso fue calificado de exitoso, aunque aún se espera que más de 23 mil personas cancelen el permiso adeudado, para completar así un aproximado de 70 mil trámites que se tenía presupuestado al inicio del plazo.

Recordemos que quienes cancelaron o lo harán después del 31 de marzo, tendrán que pagar una multa adicional o bien, mediante resolución judicial en el Juzgado de Policía Local.

Ésta no es muy significativa, ya que corresponde al 1,5% del valor del respectivo permiso, el cual se calcula respecto al IPC.

El problema es para quienes sean sorprendidos conduciendo sin este documento al día, ya que se exponen a multas por infracción a la normativa del tránsito, las que son sobre los 130 mil pesos y en el peor de los casos el retiro del vehículo.

Ricardo Muñoz Espinoza

Ayer se dio a conocer que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió un recurso de protección a favor de la empresa energética Transelec, para que en un plazo de dos meses los vecinos de varios campamentos del sector norte alto de la ciudad sean reubicados.

Esto por motivos de seguridad, ya que hasta la fecha son 15 las viviendas que se ubican en la zona de las torres de alta tensión, lo que constituye un riesgo para los vecinos. En el fallo, se específica que las familias afectadas residen en la intersección de las calles Río Baker con Arturo Fernández, donde se encuentran los campamentos Víctor Jara, Mujeres Unidas, Unión Latina y Rendirse Jamás, entre otros asentamientos.

Este catastro es parte de la mesa de trabajo en la que participan los pobladores del sector, junto con el Gobierno Regional -a través de la Seremi de Gobierno y Energía- y empresa de electricidad, quienes se han mantenido trabajando desde el año pasado en educación a los pobladores en seguridad y su reubicación por estar asentados en zonas de riesgo de electrocución o incendio.

Y ante este trabajo y disposición de los vecinos, es que causó sorpresa en los pobladores la acción judicial. Frente a ello, el gerente de la Zona Norte de Transelec, Salvador Luque, explicó la razón que motivó a la presentación de este recurso.

El ejecutivo manifestó que tras el trabajo en conjunto se centró en educar a los pobladores, en el que "muchos de los cuales entienden la situación de riesgo en la que se encuentran y han colaborado en la resolución de diversas situaciones altamente riesgosas para los habitantes de los campamentos".

Sin embargo, en enero pasado se realizó una revisión, en la que "se constató que la situación se mantenía y que en algunos casos había viviendas más expuestas, por lo que junto con mantener las gestiones con las autoridades se debió interponer un nuevo recurso".

Añadió que esta acción "busca agilizar la búsqueda de una solución definitiva y proteger la integridad de las personas que hoy habitan bajo la Línea de Alta Tensión en algunos campamentos en Antofagasta". Además, añadió que "esta acción judicial no es opcional para Transelec. La compañía mediante esta acción está cumpliendo con su obligación legal de agotar las instancias para resguardar la franja de seguridad con el objeto de garantizar la seguridad de las personas", a lo que suma también la del suministro energético.

El seremi de Gobierno, Víctor Flores, anunció el miércoles una apelación para ampliar el plazo y así permitir entregar mayores antecedentes a tribunales respecto al trabajo en conjunto. Será la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la que determinará el lugar de reubicación.

2 Meses fue el plazo que entregó la Corte de Apelaciones para la reubicación.