Escuelas Especiales amenazan con cierre en 2018
Sostenedores no quieren cerrar, pero indicaron que factor inmobiliario de la Ley de Inclusión Escolar los obliga.
Claudia Cáceres Guerrero
Sostenedores de 17 escuelas especiales de Antofagasta y Calama concurrieron ayer a las oficinas de la Seremi de Educación para solicitar información y antecedentes concretos relacionados al proceso de cierre definitivo de sus establecimientos a partir del año escolar 2018, una decisión que podría afectar a más de tres mil estudiantes.
Lo anterior surgió a raíz de las obligaciones adicionales que presenta la Ley de Inclusión Escolar, relativas a la vinculación de la unidad educativa con el inmueble que la alberga, las cuales tienen carácter ineludible y se establecen como requisitos insoslayables tanto para pedir la subvención escolar como para ajustar su uso a los fines educativos contemplados en el artículo 3 de la Ley de Subvenciones.
En el documento presentado a la autoridad de la cartera, los sostenedores mencionaron que dado el contexto inmobiliario de la región, las exigencias de la nueva ley son 'impracticables', ya que en el caso de aquellos que arriendan inmuebles a terceros - como funcionan la mayoría de las escuelas - los arrendadores no tienen intención de adecuarles el contrato, ni de venderles la propiedad.
Asimismo, no existe - según la misiva - la voluntad del arrendador en concurrir a retasar el inmueble ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por lo que la única solución que les queda es mantener el contrato de arriendo con los mismos términos actuales, no obstante la Ley de Inclusión no se los permite, teniendo excepciones solo a los suscritos antes de 2014.
"Ninguna de ellas (escuelas especiales) quiere cerrar, pero sucede que la ley nos pone en una situación imposible y ante eso deben prever los escenarios que vienen para tener la información adecuada y tomar decisiones con el tiempo que corresponde, lo cual va a ser informado a los apoderados en su momento", comentó el presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (Copanor), Jorge Lawrence.
Petición
En la carta también hicieron alusión a los problemas que tienen las escuelas respecto a inmuebles hipotecados a favor del banco que financió originalmente su compra y su adecuación para funcionar como escuela especial. "Si bien la Ley de Inclusión ofrece una garantía estatal Corfo para que la nueva entidad sostenedora compre la escuela, esta garantía está fijada en relación a la matrícula promedio de alumnos de los últimos tres años y tiene como tope 110 UF por alumno", indica el documento.
Finalmente dijeron que "esperamos sinceramente que nuestras autoridades y legisladores se den cuenta de la tremenda injusticia que se está cometiendo con la educación especial y confiamos que antes que los plazos apremien, se realicen las modificaciones legislativas que nos permitan seguir entregando educación a los niños más necesitados de nuestra ciudad", expresaron.
Amor por su trabajo
En la misiva presentada a la Seremi de Educación, Jacqueline Barraza, los sostenedores le indicaron que: "No obstante lo expresado (razones del cierre) queremos ratificar a usted nuestro compromiso con la educación de nuestros alumnos y el profundo amor a la labor que desarrollamos. Nuestras escuelas nunca han lucrado, siempre han sido gratuitas y no hacen procesos de selección más allá de aquellos inherentes a nuestra condición de escuela especial (...) No queremos cerrar nuestras escuelas, pero la ley nos empuja hacia allá".
17 sostenedores de escuelas especiales están iniciando trámites o evaluando el cierre para el año 2018.
La Estrella de Antofagasta

