De cada 100 personas encuestadas en el sondeo de Plaza Pública Cadem, 77 aprobaban en febrero de este año, la gestión de Carabineros. Luego de que se conociera el millonario fraude a la institución, que según la investigación de la Fiscalía ya alcanza los $16.500 millones, éste bajó a un 61%.

Según el sondeo dado a conocer ayer, la institución, que sigue siendo la tercera entidad con mayor apoyo en el país, por debajo de las radios y la PDI, tiene una desaprobación del 31%.

Éste es uno de los efectos de un caso que estalló el lunes 6 de marzo, luego de que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, anunciara un "importante fraude fiscal" en sus filas, por lo que se habían dado de baja a nueve oficiales, incluido un general. El mecanismo de fraude, que data de, al menos, el 2010, consistía en traspasar dineros desde una cuenta corriente fiscal hacia cuentas corrientes de terceras personas.

Mientras, y debido a que la ley no permite que lo realice a través de su cargo, sino que únicamente como persona natural, ayer el general Villalobos interpuso una querella criminal por el millonario fraude a la institución ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La acción judicial, donde el general fue representado por el abogado Jorge Parra, fue destinada contra todos los que resulten responsables. "La Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile no le otorga facultades ni potestades para comparecer en esta calidad en representación de la institución", dijo el abogado.

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró ayer que todas las medidas que se apliquen para esclarecer los hechos, son positivas.

Camila Infanta S.

Dieciséis minutos duró la evacuación preventiva que ordenó ayer la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) luego de que a las 18:38 se produjera un sismo de 7,1 grados en la escala de Richter, según el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS), cuyo origen estuvo a 25 kilómetro al oeste de Valparaíso. El Centro Sismológico Nacional, en tanto, indicó que la magnitud del sismo fue 6.9 Richter.

En medio de escenas de preocupación y temor en el puerto, el servicio de emergencia ordenó la evacuación del borde costero de la V y VI región, sin embargo, la bajó minutos después, debido a que el SHOA señaló que el movimiento no reunía las condiciones para un tsunami.

El fuerte movimiento, que fue percibido entre las regiones de Coquimbo y el Bío Bío, ocurrió luego de que el fin de semana la zona central presentara una seguidillas de sismos de mediana intensidad.

Según informó el centro de sismología de la Universidad de Chile, en las últimas 48 horas se registraron más de 100 movimientos.

Tras el movimiento, usuarios reportaron la caída y desprendimientos de rocas desde cerros en la autopista Los Libertadores, que conecta a las Regiones de Valparaíso y Metropolitana.

El director de la Onemi, Ricardo Toro, dijo que hasta ayer "lo único que se sabe es que ha habido algunas réplicas. Lo importante, por su magnitud y percepción, es que existía la preocupación (entre la población) de que hubiera un tsunami. Pero la gente puede estar tranquila que no va a ocurrir".

La empresa Chilquinta informó, a través de Twitter, de cortes de energía en Concón, Mantagua y Quintero. Pasadas las 7 de la tarde, también hubo cortes de luz en Valparaíso.

En Santiago, el ministro del Interior, Mario Fernández, encabezó una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para analizar los pasos a seguir tras el nuevo temblor que golpeó al país.

6,9 grados Richter registró el temblor, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional.

7,1 grados Richter tuvo el movimiento telúrico de acuerdo al servicio de Estados Unidos USGS.

Sin detenerse a responder preguntas de la prensa, ayer la nuera de la Presidenta, Natalia Compagnon, volvió a declarar ante el Ministerio Público por el caso Caval, aunque esta vez por la arista Raylex, donde se investiga sus nexos con la adjudicación de millonarias licitaciones con Codelco y la Onemi. Los contratos, por $2.400 millones y por $82 millones respectivamente, se produjeron entre 2011 y 2012, cuando la esposa de Sebastián Dávalos se desempeñaba como asesora en el ámbito minero. Tras la declaración de Compagnon, su abogado, Antonio Garafulic, negó cualquier participación que tenga carácter de delito. "Entiendo que estas son las últimas diligencias para que la causa pueda concluir", dijo.