Leo Riquelme
Nueve días alcanzó a estar recluido en un departamento del centro de Santiago el ingeniero comercial Rafael Garay. Esto, ya que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó ayer que el imputado por presuntas estafas reiteradas en contra de 36 personas deberá volver a estar privado de libertad en un penal y no en arresto domiciliario como había decretado el Juzgado de Garantía. El motivo: existe peligro de fuga del penquista.
"Era un escenario posible (...). Es parte de las reglas del juego en un Estado de Derecho", dijo el abogado del formalizado, Daniel Célis.
El defensor explicó que no había más recursos judiciales para revertir esta medida, a menos de que surjan nuevos antecedentes en el caso.
Por lo mismo, planteó que esperarán el pronto cierre de la investigación y el inicio de la preparación del juicio oral, proceso en el que Garay arriesga una pena de 10 años de cárcel.
El fiscal José Morales expresó su satisfacción por la decisión unánime de la 8ª sala del tribunal de alzada.
Para él, "no era proporcionado" que Carabineros destinara tres funcionarios para que vigilaran las 24 horas del día que Garay no saliera del departamento que comparte con su pareja y un hijo, en calle Lord Cochrane.
"Para eso debe estar custodiado por Gendarmería", añadió.
El historial
Garay simuló sufrir un cáncer cerebral a mediados de 2016 para partir a Europa, donde le dijo a sus clientes que iría a tratarse.
Es sospechoso de haber cometido fraudes por cerca de $1.800 millones a personas que confiaron en su empresa, Think & Co, que llegaron atraídos por los consejos de inversión que daba principalmente a través de programas de televisión.
El fiscal informó ayer que "básicamente no hay dinero en poder de Garay o de un tercero".
Agregó que "mayormente" se lo gastó cuando aún vivía en Chile y lo que le quedaba lo destinó a solventarse en Rumania "y en otras especies".
Ayer por la tarde se esperaba que Garay regresa al anexo Capitán Yáber.
