Karen Rojo, formalizada: no puede salir del país mientras la investigan
Alcaldesa de Antofagasta y tres personas son imputadas por la Fiscalía de presunto fraude al fisco. Dos querellas persiguen a la edil. Tribunal dio 120 días para investigar el caso Main. Sorpresa por declaración de José Miguel Izquierdo a la Fiscalía: Reconoció que hubo asesoría política, pero abogado de Rojo dijo que él dio "consejos" a título gratuito.
En medio del silencio de una sala que se contrastaba con los gritos que emitían manifestantes afuera del Juzgado de Garantía de Antofagasta, la alcaldesa Karen Rojo fue formalizada por el presunto delito de fraude al fisco, junto al ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS), Edgardo Vergara; el administrador municipal Héctor Gómez y el representante de la consultora "Main Comunicación Estratégica", José Miguel Izquierdo. Mientras se desarrolla la investigación, que durará 120 dias, el tribunal determinó el arraigo nacional para todos los imputados, lo que les impedirá salir del país hasta que termine ese plazo.
Junto a la formalización de parte del Ministerio Público, a la causa se suman dos querellas en contra de la alcaldesa: una, presentada por el ex concejal Eduardo Parraguez, y otra por el Consejo de Defensa del Estado. Eso sí, hay un detalle nuevo: ayer se supo que Izquierdo había prestado declaración a la Fiscalía el pasado lunes. Según el fiscal Aguilar, sin nombrarlo directamente, él reconoció que prestó servicios asesorando políticamente a la alcaldesa Karen Rojo.
A la salida del tribunal, el abogado de Karen Rojo, Jorge Fidel Castro, dijo haber revisado brevemente la declaración de Izquierdo y que al parecer él habría dado "sugerencias". "Serían consejos a título gratuito que habría hecho en virtud de la relación que se produjo, pero no sería parte de una contratación o un ardid, ni menos de un fraude", señaló.
El fiscal
En su exposición, el fiscal Cristian Aguilar narró los hechos remontándose a 2015, cuando la alcaldesa Rojo habría contratado a la empresa Cadem para medir la adhesión popular, y como la encuesta no habría resultado favorable, posicionándola en el tercer lugar de las preferencias, se habría contactado con José Miguel Izquierdo, periodista representante de la empresa Main Comunicación Estratégica.
De ahí, el fiscal Aguilar se remitió a un correo electrónico que habría enviado Izquierdo a Rojo, proponiendo reposicionar a la alcaldesa en la ciudad, creando una "plataforma política para obtener respaldo de stakeholders relevantes" (los stakeholders se definen como los grupos de intereses, según Economipedia), además de construir "el relato de identidad de la alcaldesa que debe guiar toda la gestión", "establecer una imagen de una marca asociada a un estilo y a una gestión valorada por la población", además de "formar un equipo y un sistema de gestión política y comunicacional coherente, permanente y eficaz". Todo a un valor mensual de 90 UF con reuniones semanales.
Según el relato, no se habría encontrado forma de pagar los honorarios de Izquierdo con recursos municipales. La querella presentada por el CDE dice que "Karen Rojo decidió que fuera la CMDS quien celebrara un contrato de asesoría comunicacional con Main, acción realizada para ocultar la realidad, toda vez que se pagó con dichos fondos la asesoría personal de la Alcaldesa". De ahí, Izquierdo habría firmado un contrato con CMDS para posicionar las áreas de salud y educación.
Tras la exposición de los hechos, el Ministerio Público solicitó el arraigo nacional para los imputados involucrados (la querella del CDE acusa que Vergara y Rojo intervinieron en el contrato que hizo la CMDS con Main para pagar la asesoría comunicacional), pidiendo 5 meses para la investigación. Parte de la defensa de los imputados pidió que el tiempo fuera de 60 días. Al final, el tribunal decidió dejarlo en 120 días.
En los tribunales, la alcaldesa escuchaba en silencio las posiciones de los abogados y mientras transcurría la larga audiencia, jugaba con un elástico y papelitos de colores.
Los abogados
Jorge Fidel Castro, abogado de la alcaldesa Karen Rojo, recalcó que lo de ayer fue sólo una formalización, es decir, la comunicación de hechos a quienes se investigará. "Reafirmamos nuestra tranquilidad en que aquí no habría ningún tipo de delito", dijo, agregando que los servicios prestados por Izquierdo para la CMDS sí se realizaron. "La verdad es que esas alegaciones, si bien son cuestiones de fondo, nosotros estamos con la tranquilidad de que los resultados van a ser favorables".
El abogado Ricardo Lorca, representante de Eduardo Parraguez, dijo que su defendido y la concejal Doris Navarro eran "héroes" por presentar la denuncia. "Las declaraciones (de Izquierdo a la fiscalía) reconocieron la naturaleza del servicio de asesoría política y personal a la señora Karen Rojo. Sobre el particular, no queda más nada que decir. Los hechos están, las declaraciones están", dijo.
La alcaldesa Rojo no se refirió al respecto en los tribunales, y cuando la prensa le preguntó en la inauguración de la comisaría (ver página 4), ella sólo se limitó a decir que tuvo "un proceso judicial".
Con respecto a lo que arriesgan las partes, el fiscal Aguilar señaló que, atendiendo el monto del perjuicio que se habría causado (que supera las 400 UTM, dijo), las penas de este delito podrían ir desde 5 años y un día, a diez años de privación de libertad.
5 años y un día, hasta 10 años, es la pena a la que se arriesgan los imputados por este delito, dijo el fiscal Aguilar.
5 meses había pedido el Ministerio Público para la investigación. Al final, el tribunal dio 120 días.