Ayer el general Mario Rozas, jefe de la Dirección de Bienestar de Carabineros (Dibicar) dio detalles sobre la acusación realizada por la Contraloría General de la República, a propósito de la existencia de un posible nuevo fraude dentro de la institución armada que superaría los $23 mil millones.

Según dijo Rozas, durante nueve meses el personal del ente fiscalizador llegó a la Dibicar a revisar toda la información de 2016 y 2017, llegando a 1991. "Y efectivamente se encontraron algunas observaciones, pero todas esas observaciones, en cuanto al monto, se justificaron", explicó.

¿Donde se fue esa plata? El general Rozas asegura que se presentaron escrituras y documentos bancarios que "acreditan que esa cifra de dinero estaría justificado con propiedades que básicamente son conjuntos habitacionales y centros recreacionales para nuestros carabineros y sus familias".

El martes, el contralor Jorge Bermúdez señaló que se habían detectado destrucción de documentos y ausencia de contabilidad, y que "el trabajo que tuvo que hacer el equipo auditor allí fue un verdadero trabajo de reconstrucción de la información, porque la mayor parte estaba destruida". El gral. Rozas, en tanto, dijo que no hay dolo, porque existe una reglamentación que contempla mantención, conservación y destrucción de la documentación.

La Brigada Motorizada Nº1 "Calama", informó que en relación a la agresión sufrida por un soldado conscripto y producto de la investigación realizada por la unidad, se reconoció como autores del hecho a ocho soldados conscriptos que cumplen con su Servicio Militar Obligatorio, resolviendo la baja inmediata de la Institución a todos los responsables.

Aclaraon que los antecedentes recopilados por la unidad militar, pasaron a disposición de la Fiscalía Militar de El Loa, entidad que practicó las diligencias correspondientes, quedando los involucrados en calidad de detenidos en la misma.

Apoyo

Finalmente indicaron que la Brigada Motorizada Nº1 "Calama", ha brindado el apoyo constante y necesario al soldado afectado y su familia, y a la vez, rechazó categóricamente ese tipo de conductas, las cuales se apartan completamente de las políticas institucionales.

Ignacio Araya

Desde Valparaíso llegará un equipo de abogados que asesorará a los 120 socios activos de los cuatro sindicatos de pescadores de Mejillones, quienes tienen presupuestado realizar acciones legales contra quienes resulten responsables por la contaminación que aqueja a la bahía de esa ciudad. Así lo informó José Sánchez, secretario del Sindicato de Pescadores y Buzos Mariscadores de Mejillones.

"No hallamos qué hacer, porque la mar justo está mala", dice Sánchez al teléfono con "La Estrella", quien señala que ahora deben navegar durante cuatro a cinco horas, o incluso a veces un día entero, para poder obtener los recursos del mar. Ayer dijo que estaban todos "mirando al cielo".

La última emergencia que debió enfrentar la bahía de esa comuna ocurrió el pasado jueves 7 de junio, cuando la Capitanía de Puerto de Mejillones recibió un llamado al 137 informándole del vertimiento de mezcla oleosa en el terminal marítimo Interacid.

Emergencia

Después de lo ocurrido, según el comunicado de prensa de esa capitanía, la autoridad marítima hizo labores de buceo para inspeccionar los cascos de los buques atracados para ubicar la fuente contaminante, hasta que llegaron al Buque Tanque Astec, señal de llamada 3EDM6, de bandera panameña. Entonces, se contuvo el eje con paños absorbentes y de esta manera, se buscó disminuir la filtración de la sustancia que salía del navío.

Finalmente, la Gobernación Marítima inició una investigación sumaria. Sin embargo, para José Sánchez, la situación es dramática porque los mariscos del sector están contaminados, dice. "La bahía no está enferma, está muerta", asegura el dirigente de los pescadores mejilloninos.

Con respecto a la relación con el municipio, Sánchez dijo que se les han entregado cajas con víveres, "pero una solución parche no más", señaló.

Los abogados, en tanto, se esperan que lleguen a esa ciudad la próxima semana desde la Quinta Región.

Este diario intentó contactarse con la Municipalidad de Mejillones para conocer su opinión sobre el tema que aqueja a los pescadores, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos ninguna respuesta.

7 de junio ocurrió el derrame del buque Tanque Astec en Mejillones.

ignacio.araya@estrellanorte.cl

Tras la ola de protestas en todo el mundo contra la medida estadounidense de separar a niños de sus padres inmigrantes cuando son sorprendidos sin papeles, ayer el Presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite que los menores puedan reunirse con sus padres mientras están esperando para regularizar su situación migratoria.

Con la medida firmada por Trump, las familias serán retenidas juntas en un lugar establecido. La orden, en todo caso, no pondrá fin a la política estadounidense de "tolerancia cero"del mandatario. Con ello, Trump dijo que nos "aseguramos que tenemos una poderosa y fuerte frontera, pero mantenemos a las familias juntas. Estamos trabajando fuertemente en temas de inmigración", dijo.

Incluso hasta el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, señaló ayer su satisfacción con la medida de retirar este decreto migratorio. "Todo lo que contribuya a la reunificación familiar es siempre positivo e importante para el Gobierno de Chile. Quiero recordar que en el día de ayer nosotros como Cancilleria planteamos lo mismo cuando fuimos consultados al respecto", señaló.

La ministra Cecilia Pérez, de la Segegob, dijo que es una buena señal, "los testimonios que hemos conocido son desgarradores".