El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, descartó categóricamente la posibilidad de que existan irregularidades al interior de la Escuela de Investigaciones, luego de la denuncia realizada por un subcomisario de la institución que acusó presuntos pagos que no corresponderían a profesores de esa unidad.

Esto, debido a que las clases no se habrían realizado, pese a lo cual igual se cursaron las remuneraciones.

Luego de sostener una reunión sobre este tema con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en el Palacio de La Moneda, el jefe de la policía civil sostuvo que le entregó todos los antecedentes al secretario de Estado sobre esta situación y recalcó que "tengo la absoluta convicción de que aquí no hay ningún despilfarro de recursos".

Fabiola Vega Molina

Hace un mes y medio la vida de la pequeña Mía Véliz Castillo, que tiene un año y cinco meses, era completamente normal, hasta que un episodio cambió todo .

"De la nada tuvo una leve hinchazón en la pierna izquierda... Justo en el tobillo. Nosotros no le prestamos mucha atención pero después la hinchazón comenzó en su brazo izquierdo así que ahí fuimos al doctor", relató su abuela Gloria Hidalgo.

La señora Gloria expresó que la pequeña no tuvo mayores problemas en su pierna pero que al ver que la hinchazón comenzó en sus otras extremidades, no lo dudaron y fueron rápidamente el médico.

Cuando fueron a la consulta, según la señora Gloria, el médico les dijo que la niña debía hacerse varios exámenes para saber con certeza qué enfermedad tiene.

"El médico nos dijo que la niña puede tener un tipo de artritis que les da a las personas adultas, ya que es muy raro que la tengan los niños por lo que hay que hacer varios exámenes. (...) Algunos se los tiene que hacer acá en Antofagasta pero hay uno que se hace en Santiago, así que tenemos que viajar", dijo la abuela de Mía.

Bingo

Para poder llevar a cabo los exámenes, la familia de la niña debe tener 500 mil pesos para costearlos, sin contar con el dinero para los pasajes y estadía cuando estén en Santiago.

"Para poder reunir dinero estamos organizando un bingo para poder reunir la cantidad que necesitamos para los exámenes", dijo la señora Gloria.

El bingo se hará mañana a las 15:00 horas en la cancha Doña Francisca II (cerca del colegio Eben Ezer) en la población que recibe el mismo nombre.

Es por esto que la familia hace el llamado a la comunidad para lograr reunir el dinero y así hacer los exámenes a Mía para que pueda acceder a los tratamientos lo más pronto posible.

La tarjeta tiene un valor de dos mil pesos y se pueden comprar ese mismo día en la entrada de la cancha o la pueden pedir a través del número +56956627407.

2 mil pesos cuesta la tarjeta de bingo a beneficio que se hará mañana en el sector norte de la ciudad.

500 mil pesos aproximadamente debe reunir la familia de Mía para poder realizar los exámenes.

Un total de 35 personas, ex apoderados del jardín infantil "Semillita", señalaron ayer la presentación de una acción prejudicial para que el Servicio de Salud de Antofagasta, Seremi de Salud, la Superintendencia de Medio Ambiente, la Empresa Portuaria de Antofagasta y Antofagasta Terminal Internacional entreguen ciertos antecedentes sobre sus operaciones, a propósito de la problemática de la contaminación en la ciudad.

Según Gisela Contreras, representante de los solicitantes, este es un primer paso para una demanda por daños y perjuicios que plantearán en el futuro, en consideración a los daños de salud que tendrían los niños producto de la contaminación. "Lo que buscamos con esto, más allá del beneficio económico o la retribución económica (...) lo que buscamos como familias es que alguien se haga cargo"

La medida prejudicial, que está patrocinada por el abogado Francisco Leppes, pide que se decrete la medida prejudicial preparatoria de exhibición de instrumentos públicos y privados que "pueden interesar a diversas personas en posesión de los futuros demandados", según explica el texto presentado.

A cada una de las instituciones se les pide una acción, como, por ejemplo, conocer sumarios, fiscalizaciones o planes de acción hechos o en ejecución para tratar y rehabilitar a las personas contaminadas. La alcaldesa Karen Rojo, quien respaldó la acción judicial, dijo que no es la comunidad la que tiene que arrancar de la contaminación. "Hoy tienen que entender todas las empresas que tienen algún grado de responsabilidad, de asumir las consecuencias".