Clínicas que reciban aportes estatales no podrán ser objetoras
Los establecimientos privados que reciban aportes del estado en obstetricia y ginecología no podrán declararse objetores de conciencia para la ley que permite el aborto para tres casos: peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Así lo dejó establecido el reglamento de la ley que fue promulgado ayer en el Diario Oficial y que entrará en vigencia el 7 de noviembre.
El reglamento también dispone que los establecimientos que sí se declaren objetores de conciencia y reciban a una mujer que quiera interrumpir su embarazo, deberán trasladar a la paciente a otro centro asistencial.
"El reglamento dispone que existe una obligación de asegurar a la mujer la prestación de interrupción voluntaria del embarazo (...); será la institución que deriva quien asumirá los mayores costos que se produzcan por la derivación", detalla una declaración pública del Ministerio de Salud.
Mientras, los médicos cirujanos y el equipo de especialistas podrán ser objetores de conciencia en un procedimiento de interrupción de embarazo, bajo las tres causales.
Sin embargo, no podrán hacer uso de esta objeción si es que una mujer necesita atención urgente bajo la primera causal de aborto: riesgo de vida de la madre.
La manifestación de esta voluntad será efectuará por medio de un formulario único para todos los establecimientos.
Para interrumpir su embarazo por alguna de las tres causales las mujeres mayores de 14 años podrán hacerlo hasta las 12 semanas de gestación y las menores de 14 años tendrán un plazo de 14 semanas.