Son siete los delitos informáticos que contempla un proyecto de ley firmado ayer en La Moneda por el Presidente Sebastián Piñera y que busca actualizar la legislación vigente que data de 1993, cuando los hackeos y filtraciones de información de cuentas personales era algo que la gente veía en las películas y no en las noticias.

El anuncio ocurre a tres meses de la primera filtración masiva de datos de tarjetas de crédito auto adjudicadas por el grupo The Shadow Brokers.

De acuerdo al proyecto, las penas para estos delitos irán desde los 61 días hasta los cinco años de cárcel, y las multas podrían alcanzar las 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, hasta $1,9 millones.

En el caso de hackeos a sistemas informáticos, la iniciativa considera penas de hasta 541 días de presidio y multas de hasta $963 mil. La interferencia indebida de correos o incluso de mensajes de Whatsapp tendrá penas de hasta tres años de presidio. Si esto ocurre en sistemas informáticos, la condena aumentará a cinco años.

Ahora, si el delito es el denominado phishing o falsificación informática, la pena irá desde los 61 días a los cinco años de cárcel. En cuanto a los delitos relacionados con mecanismos para clonar tarjetas de crédito o débito, copiar bandas magnéticas o de sistemas de acceso restringido, las penas serán hasta de 541 días de presidio.

"De acuerdo con datos de la PDI, los delitos informáticos han aumentado un 74% en el 2017, en comparación a las cifras del 2015, aumento exponencial que requiere actualización", recalcó ayer Piñera.

Michael Seguel P.

Por presuntamente prestar protección, cobertura e incluso fingir detenciones fueron detenidos ayer tres carabineros de la 6° Comisaría de Recoleta en Santiago, los que se suman a otros tres policías uniformados acusados de corrupción, cohecho e incumplimiento de deberes militares, por su presunta vinculación con dos bandas criminales del sector poniente de la capital: "Los Chacanas" y "Los Ketchup".

Los seis fueron dados de baja, al igual que otros tres carabineros.

El prefecto inspector Iván Villanueva, jefe nacional de focos criminales de la PDI, dijo ayer que también se detuvo a 13 personas integrantes de estas bandas, sospechosos de 17 delitos que van desde el robo con violencia e intimidación hasta un homicidio en el que estuvo involucrado un menor de 14 años en la comuna de Colina. "(Ellos) participaron en una serie de delitos por parte de dos bandas criminales organizadas que se sentían apoyadas para sus actividades delictuales por este grupo de ex funcionarios", dijo.

El subprefecto Cristián Guzmán, jefe de la Brigada de Robos Occidente de la PDI, precisó que en la denominada operación "Área 12" se allanaron 20 domicilios de seis comunas de la capital. "Cometían delitos contra la propiedad e incluso, (en el allanamiento) fueron encontradas placas policiales", dijo Guzmán, quien agregó que se investigaba a las bandas por robos a empresas de bodegaje.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, en compañía del subsecretario Rodrigo Ubilla, sostuvo ayer una reunión con el fiscal metropolitano Occidente, José Luis Pérez-Calaf.

Tras la cita, Chadwick dijo que "cuando un carabinero se transforma de policía a delincuente recibe de inmediato, no sólo el rechazo del Gobierno, sino la advertencia de que se aplicará el máximo rigor de la ley".

El general Álvaro Altamirano, subdirector de Carabineros, precisó que a los seis policías desvinculados se suman "dos funcionarios que por situación administrativa del proceso interno" fueron alejados de sus funciones. A ellos se añade el comisario de la unidad policial, por su responsabilidad de mando.

Para hoy se espera la formalización de los seis policías dados de baja y los integrantes de las pandillas.

Una querella por perjurio y falso testimonio presentaron ayer en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago los demandantes del arzobispado de Santiago, James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, en contra del cardenal emérito y ex arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz. La acción es patrocinada por Juan Pablo Hermosilla y también a apunta a "todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores del mismo delito". La acción se da una semana después de que se conociera una carta de 2009 en que Errázuriz afirmó haber cerrado la investigación por abusos sexuales en contra del ex sacerdote Fernando Karadima, sin haberlo interrogado.