Redacción - La Estrella

Una serie de denuncias recibió la Contraloría General de la República con respecto a presuntas irregularidades financieras, presupuestarias y de personal en la Municipalidad de Taltal. Se auditó la administración de ingresos e inversión de los recursos de patentes de amparo de concesiones mineras entre 2016 y 2017.

La CGR emitió su informe final el pasado 21 de noviembre y halló, entre otras cosas, "innumerables irregularidades y faltas de control en las diferentes materias auditadas", según el mismo texto del organismo contralor. En total, hizo 25 observaciones que deberán ser subsanadas por esa casa edilicia, diez de ellas calificadas como "altamente complejas". De acuerdo a los casos, dio entre 15 y 60 días para solucionar los puntos en conflicto.

Dentro de los principales resultados hallados, se destaca que la obra de mejoramiento de la pileta Plaza Miguel Peña Calderón no estaba en funcionamiento al 21 de marzo de 2018, ya que la cascada presentaba filtraciones. Sin embargo, no se advirtieron "acciones del ente edilicio tendientes a exigir la reparación de los trabajos que se encuentran totalmente pagados, por la suma de $28.673.000".

También se hace presente que la Contraloría iniciará un procedimiento disciplinario en el municipio para determinar responsabilidades administrativas en ingresos contabilizados no abonados a la cuenta corriente, depósitos, giros, errores en operaciones bancarias, falta de control de los recursos provenientes de patentes mineras, falta de boleta de garantía para caucionar el fiel cumplimiento de obras, ausencia de libro de obras, modificaciones a proyectos sin consignación de su aprobación, entre otros.

El organismo además detectó falta de control sobre la autorización de pagos mediante medios electrónicos, "advirtiéndose un riesgo operacional de que las transacciones sean efectuadas por una misma persona, exponiendo a la institución a un eventual mal uso de los recursos municipales", dando 60 días para adoptar acciones pertinentes.

Además, se señaló que el municipio no efectúa una determinación de los fondos que recibe por patente de concesiones mineras, que dependientes de la Secplan realizaron inspecciones de obras siendo que sus funciones son de asesorías del alcalde y concejo municipal, que $28.629.500 de recursos FAEP para financiamiento de diseño, levantamiento y construcción de una terraza-comedor en el liceo C-20 no cumplieron la finalidad para la cual se entregaron dichos fondos.

La Contraloría tampoco pudo acreditar la exactitud de disponibilidades de dinero en el saldo inicial de caja de 2017. Encontró discrepancias en la información financiera publicada en el portal de transparencia de la municipalidad de Taltal, incumplimientos de las condiciones laborales de los funcionarios de Secplan y vertedero municipal, entre otros. Sin embargo, también desestimó parte de las denuncias.

Viaje a bolivia

La Contraloría también auditó el viaje a Bolivia que realizó el alcalde Sergio Orellana en 2015, para asistir a la transmisión de mando del alcalde de Tarija. El viaje fue aprobado por los concejales, pero la CGR estimó que no se advirtió el objetivo institucional del viaje. "El gasto ejecutado por concepto de viáticos otorgado al Alcalde, con motivo del cometido en estudio, por la suma de $1.057.113, pagado mediante el decreto de pago Nº1.252, de 2 de junio de 2015, no tiene sustento legal que lo acredite, por lo que resulta improcedente", detalla el informe.

Más aún, el viaje no se publicó en el portal de la ley del Lobby ni tampoco se presentó el informe con el detalle de las actividades realizadas en Bolivia para verificar qué beneficio o interés de la comuna fue atendido con la participación de Orellana en Tarija. Ante ello, la Contraloría ordenó devolver el millón de pesos de recursos municipales.

Según el informe de la CGR, no solo el viaje a Tarija dejó de publicarse en el portal de transparencia del municipio. En 2016, el alcalde viajó cinco veces y no se publicó. Hay otros dos viajes de Irma López y Carlos Núñez no publicados.

En 2017, la cifra sube. Sergio Orellana hizo 22 viajes que a la fecha de investigación de la Contraloría, no se habían publicado. El concejal Gino Montesinos no publicó ocho y la concejal Irma López, nuevamente, no publicó dos de sus traslados.

Denunciantes

El Observatorio Ciudadano de Desarrollo Local de Taltal fue un denunciante que dio origen al informe del organismo contralor. Su vicepresidente, Jorge Pavletic, señaló que lo hallado es "un despelote".

"Hay un descontrol realmente impresionante de la municipalidad de Taltal", dice Pavletic, agregando que la situación es tan grave que el alcalde Orellana "no podría terminar su período porque la ineficiencia, la ineficacia, es impresionante".

En tanto, Gisella Avaria, también representante del Observatorio, explicó que el concejo municipal debiera haber pedido una auditoría. "Tenemos muchas carencias, muchos problemas, muchas necesidades y se gasta plata en estupideces", reflexiona.

"Yo tengo 60 días para responder, y Contraloría viene, revisa y yo tengo que responder de qué se trata y la respuesta la tengo clara. Fui a Bolivia, fui con cuatro concejales de la región, fuimos a un intercambio cultural y una entrega de cambio de mando del alcalde de Tarija y el concejo lo sabe porque ellos aprobaron el viaje. Tengo los 60 días para resolver, yo no quiero hablar antes de responder los informes, no saco nada con hacerlo públicamente, me guardo las reservas", señaló el alcalde Sergio Orellana ante las consultas de este Diario.