Globos, pancartas y bocinazos de apoyo de los conductores que pasaban por la costanera marcaron ayer el primer día de la huelga legal del sindicato de la Clínica Portada. El centro médico no funcionó durante la jornada, y en sus puertas de ingreso colgaban pancartas relativas a las demandas de los trabajadores.

Hay dos puntos que el sindicato quiere resolver, dice su presidenta Noelia Garay: que no se baje el piso de la negociación y la extensión de beneficios, para que el contrato colectivo beneficie también a los trabajadores que van ingresando. Garay cuenta que "ahora que están viendo que la gente se mete al sindicato, está teniendo fuerza, ellos no quieren extender los beneficios".

Con respecto a la paralización del funcionamiento de la clínica, la dirigenta pidió disculpas a las personas que requieren del servicio, tomando en cuenta de que existen pacientes que vienen desde otras ciudades. "Por favor que nos entiendan, nosotros estamos en un proceso reglado, la empresa estaba en conocimiento de esto desde la semana pasada, tuvo tiempo para trasladar pacientes, para programar, suspender", dice, agregando que "nosotros de verdad nos sentimos afectados por ellos, porque son nuestros pacientes, y porque somos humanos y no podemos separar las cosas, pero que entiendan que esto es una negociación colectiva y ojalá esto termine lo más pronto posible".

Garay señaló que el viernes pasado hubo un último acercamiento con la Clínica, pero no hubo acuerdo. "Lamentamos que el empleador no tenga la visión por la preocupación que tenemos nosotros por los pacientes, porque de verdad nos preocupa".

Hasta el cierre de esta edición, la Clínica Portada no emitía un comunicado al respecto.

Ignacio Araya

Decenas de personas llegaron ayer a la Universidad Santo Tomás para escuchar la conferencia de Carmen Gloria Arroyo ("La Jueza") y Ricardo Ibáñez. Los abogados, especializados en temas de familia y de endeudamiento respectivamente, expusieron el tema "Que las deudas no destruyan tu familia".

Y, en el caso de los casos que ve "La Jueza", el tema de la pensión de alimentos es la principal causa que ingresa a los Tribunales de Familia. Arroyo dijo que hay decenas de proyectos de ley en el Congreso que buscan endurecer las penas para los que deben la pensión. "Soy una convencida que mientras más se diluyen en el tiempo los lazos afectivos entre padre e hijo, más fácil para ellos es dejar de pagar", mencionó.

"El resultado de esto son niños creciendo en desventaja entre otros, creciendo con la mitad de la capacidad económica que podrían y eso influye en la calidad de la educación, en la calidad del acceso que pueden tener a ciertos bienes, a la calidad de vida de estos niños, es un proceso difícil", contó la Jueza.

Juicio ejecutivo

Y, sin embargo, hay varias cosas que se pueden hacer para que paguen. Por ejemplo, pedir orden de arraigo, reclusión nocturna, que le retengan los impuestos, pedir la licencia de conducir. Y, una de las formas poco conocidas, es el cobro ejecutivo de la pensión de alimentos. "Tiene como objeto embargar los bienes que tiene este caballero en el domicilio que tiene registrado. Si se cambió, él tendrá que explicar al tribunal. Se embargan los bienes y se rematan en pública subasta hasta dar el pago íntegro de la deuda".

Hay otras consecuencias, dice Arroyo. Por ejemplo, si el niño no puede ser cuidado por la madre, el papá que no pagó la pensión pierde el derecho a pedir ese cuidado. "La Jueza" reflexionó sobre dichos padres. Que "no solamente tengan miedo de dormir a la cárcel, que le tengan miedo que van a ir desapareciendo de la vida de sus hijos, romper un lazo tan fundamental".

"No hacer nada es la peor opción", agregó. "Tanto para las deudas como para la crisis familiar, hay que ponerse en movimiento y buscar las herramientas".

175 mil personas en la región están en Dicom, cuenta Ricardo Ibáñez sobre el endeudamiento en general.