Iris González Gamboa
Antofagasta se convirtió en la primera jurisdicción del país en la que se realizó un juicio oral regido por la Ley 21.057, que entró en vigencia ayer y regula las entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales para prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros delitos violentos.
Diversas autoridades asistieron a la audiencia, desarrollada en la sala 2 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, para conocer la puesta en práctica de la nueva normativa, que ya es una realidad en esta región y las de Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, Aysén y Magallanes.
En la jornada, un menor- otro también, pero en calidad de testigo - prestó una declaración judicial en una causa por los delitos de abuso sexual impropio y violación impropia, actuando como intermediador Israel Fuentes, el primer juez acreditado para cumplir dicho rol.
El magistrado explicó que una de las principales diferencias que marca la nueva ley es que "antes no había un proceso estandarizado para efectos de llevar a cabo, en este caso, la declaración del niño. Cada tribunal determinaba cómo hacía esta declaración y , a su vez, cada juez dentro del tribunal podía tener su propio método para efectuar esta declaración. Ahora, con la nueva ley existe un proceso estandarizado que está en un protocolo, que lo van a aplicar todos los tribuales del país y cada juez o intermediario que no sea del Poder Judicial que ingresa ala sala".
Respecto a la primera intermediación que le tocó cumplir, indicó que estimaba "que fluyó muy bien la relación entre el tribunal y el intermediario, también en relación con los intervinientes, se pudieron acomodar las preguntas. Es un caso es complejo en general (...), pero al menos la niña se fue tranquila, se logró el objetivo de la ley, que es que la niña pueda dar el relato que ella quiere otorgar, sin preguntas subjetivas, sin presiones y que una vez que se ella se retire del tribunal se vaya tranquila, que ella pueda volver a su vida normal sabiendo que relató, que esto se acabó y que ahora vuelva nuevamente a su vida normal sin mayores problemáticas".
Para la vocera del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, magistrada Marcela Nilo, el juicio iniciado ayer es un desafío que los tiene "muy contentos, porque estamos preparados, comprometidos con esta ley".
Destacó también las capacitaciones realizadas a todos los jueces de garantía y del Tribunal Oral en lo Penal. "En estos momentos estamos el 100% capacitados con un curso introductorio básico, en que hemos conocido la ley y también su reglamento, los protocolos y además como la ley contempla la figura del intermediario judicial, los jueces que estamos interesados en ello, en desempeñar esta labor, nos hemos también capacitado en un curso inicial de formación especializada para poder acreditarnos ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos".
Deuda del estado
Quien también relevó la importancia del cambio fue el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Juan Enrique Jara, quien aseguró que "más que una simple ley, es un cambio cultural y en un hecho histórico que estamos viviendo en Antofagasta como único lugar del país donde se ha desarrollado este primer juicio bajo la implementación de esta ley (...) Después de 29 años, por fin es ley de la República un compromiso internacional que tenía nuestro Estado de Chile en relación con la protección de niños y niñas".
La defensora regional, Loreto Flores, sostuvo que "es un avance en la forma en que nos relacionamos con los niños, niñas que enfrentan un delito violento. Si bien es cierto la Defensoría siempre va a propender a que se respete el debido el proceso y todas las garantías que a propósito del mismo surgen para descubrir la verdad judicial, también creemos que es muy relevante que las víctimas, particularmente si son menores de edad, tengan todos los mecanismos de protección para que puedan expresar libremente sus declaraciones y solamente las veces que sean necesarias por entrevistadores expertos".
En tanto, fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, calificó la ley como "un hito histórico en nuestro país desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal", que motivó la coordinación de las instituciones del sistema para proteger a los menores víctimas, para que no sean revictimizados "y puedan participar en el proceso penal en condiciones que permitan reconocer su dignidad y su interés superior".