Ignacio Araya/Redacción
En resolución unánime, ayer la segunda sala del Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que hizo la Corte de Apelaciones de Antofagasta sobre el Decreto Ley 3.500, norma legal que regula las AFP. Esto, en el marco del recurso de protección interpuesto por la profesora María Angélica Ojeda, quien busca retirar plata de su fondo de pensiones para pagar una deuda hipotecaria. De esta forma, el TC discutirá si es aplicable ese decreto, pronunciándose finalmente sobre si hay alguna disposición del mismo que sea inconstitucional.
Ahora, por un espacio de veinte días se podrán pronunciar tanto el Presidente de la República, el Senado y la Cámara de Diputados sobre el conflicto de constitucionalidad expuesto por la Corte de Apelaciones, si es que ellos lo estiman.
La decisión del TC sorprendió en Santiago a la profesora María Angélica, quien anda allá en calidad de dirigenta del Colegio de Profesores, para apoyar a su candidata a la presidencia. "Estamos marcando un gran precedente en Chile", dijo. "Hoy día se abre la esperanza para muchos chilenos de cambiar su situación previsional".
Después de que se jubiló, la docente pasó a tener un sueldo de un millón doscientos, a una pensión mensual que -señaló- alcanza a $185.000. Eso le acompleja para pagar el dividendo de su casa, con una cuota que llega a 212 lucas.
"Estamos marcando un precedente muy importante para miles de pensionados que pueden hacer la misma gestión que yo. Yo creo que se van a llenar los tribunales con esta solicitud porque, de alguna manera, todavía falta porque nosotros entendemos que la Corte de Apelaciones tiene que pronunciarse ahora", comentó la profesora que trabajó en sus últimos años como docente de matemáticas y física en el Liceo Marta Narea de Antofagasta.