Revisión técnica

Señor director:

El día 26 de febrero de 2021 llevé mi auto Honda Civic Sedán EX, con 30.000 kilómetros de recorrido, a la planta de revisión técnica de Avenida Pedro Aguirre Cerda.

Todos tenemos cierto temor al llevar nuestros autos a revisión técnica, nunca se tiene total seguridad. Me ocurrió en esa oportunidad que fui rechazado porque "el freno de mano tenía una eficacia de un 13% en vez de un 15%". Quince días para volver. Valor extra de castigo $3.150.

Consultado el operario que entrega las llaves, dice no tener certeza del porqué, solamente que fue establecido "por la máquina", repitiendo esto varias veces. Le faltó solamente mirar al cielo (me acordé del señor Mandiola del Jappening con Ja).

Llevé el auto a revisar a un local de calle Bolívar, valor $25.000. Resultado, no encontraron nada, ningún detalle. Preguntando, se piensa en alguna llanta menos inflada. En una gasolinera le puse aire, según catálogo, a todas las ruedas y el día 2 de marzo partí nuevamente a perder gran parte de la mañana en la revisora. Fila especial, habiendo ya varios autos rechazados, uno de ellos, porque alguno de sus asientos no tenía apoya-cabezas.

En esta oportunidad todo sin problemas, aprobado el auto. Al encargado se le señala situación de desigualdad y abuso en que nos encontramos los usuarios ante dictámenes de la soberbia "máquina", que se suma a la falta de criterio de los operarios, o falta de protocolo que no distingue entre un neumático con menos aire a un vehículo contaminante o con fallas mecánicas graves, condenando a todos al mismo tratamiento, sin tomar en cuenta la trascendencia para cada ocasión. Sobre todo, en los tiempos de pandemia, riesgos y recomendaciones de autoridades en que nos encontramos.

¿Quién regula o certifica esta "máquina", que aplica condenas que significan costo en dinero, tiempo y riesgos importantes a sus víctimas?

Esto es un caso más de abuso de algunas empresas arbitrarias y hegemónicas ante usuarios y clientes, quienes estamos totalmente indefensos ante los veredictos de un aparato, casi venerado, que goza de impunidad absoluta, con la protección y complicidad de quienes se benefician de sus sentencias.

Resumiendo, de un costo de $12.200, terminé pagando $40.350... No creo ser el único caso. A juntar rabia nada más, hasta un nuevo estallido social...Nada ha cambiado.

Atte.,

Nelson Padilla Iturra