Leo Riquelme

Una explosión y los gritos destemplados de socorro despertaron a las 5.00 horas de ayer a los vecinos de un campamento emplazado en el sector El Boro de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. Al salir a ver qué pasaba, se encontraron con unas llamaradas que avanzaban consumiendo todo a su paso.

El incendio terminó por destruir cuatro viviendas de material ligero y causar la muerte de nueve personas: cuatro adultos, tres niños y dos lactantes. La cifra podía aumentar, porque Carabineros y Bomberos buscaban entre los escombros a otra persona que se encontraba desaparecida.

De acuerdo a las diligencias que efectuaban en el lugar los equipos de emergencias y distintas autoridades, las víctimas fatales serían parte de una familia oriunda de Ecuador.

"Este es el Chile de verdad, en el que esperamos y gritamos por ayuda... que nos ayuden por favor", dijo a radio Cooperativa el alcalde Patricio Ferreira, apuntando al Gobierno. "¡Cómo podemos tener a gente viviendo en estas condiciones!", agregó.

Las familias afectadas eran parte de un comité que trabaja junto a la ONG Techo Chile para lograr una solución habitacional definitiva. Según indicaron de su dirección regional, las víctimas esperaban tener un hogar para agosto.

El Laboratorio de Carabineros y equipos del OS-9 y Bomberos trabajaban ayer en identificar las causas del siniestro, que se habría iniciado en una casa de dos pisos en que había unos 12 moradores, según informó la fiscal Virginia Aravena.

La persecutora agregó que aún no sabían qué había provocado la mencionada explosión inicial, por lo que investigaban si tenía un origen eléctrico o por la inflamación de algún combustible.

Aravena añadió que hasta ayer habían cuatro personas en el hospital, "que están fuera de riesgo vital, la persona más complicada tiene el 35% de su cuerpo quemado".

Después de meses de reclamos de parte de los isleños, donde alegan por el impacto económico que ha tenido el cierre del territorio desde la llegada del coronavirus al país, en marzo de 2019, el Gobierno anunció ayer que la reapertura de Rapa Nui se producirá el 1 de agosto.

El Ejecutivo informó que en el plan trabajarán los ministerios de Bienes Nacionales, Salud, Economía, Obras Públicas, Desarrollo Social e Interior, que entre las tareas tendrán que realizar mejoras al aeropuerto Mataveri y a la infraestructura sanitaria para tener una respuesta adecuada frente a la detección de casos de covid en la isla.

El programa considera apoyo al desarrollo económico, promoción al turismo, habilitación de las condiciones de servicio de los hoteles, alojamiento y restaurantes, y apoyo a las mipymes que se han visto imposibilitadas de ejercer su actividad comercial.

El cronograma define que hasta el 1 de agosto se mantendrán el flujo un vuelo a la semana y el ingreso restringido de pasajeros, pero se establecerán excepciones en relación a la obligación de cuarentena obligatoria, según se informó en un resolución de la seremi de Salud de Valparaíso.

A partir del 1 de agosto se autorizará un aumento del flujo de vuelos a dos o tres vuelos semanales, conforme a la situación epidemiológica; "y apertura al turismo en condiciones que serán comunicadas oportunamente", dijo el Gobierno en un comunicado.

Giorgio Armas, quien junto a su padre fue sindicado en Perú como las personas que tuvieron durante cuatro años recluida a su esposa chilena, Viera Rivera, negó ayer las imputaciones que indaga la fiscalía de la ciudad de Chiclayo, en la costa norte del país.

"Somos los únicos secuestradores libres. Hay videos que desmienten esa situación y ha tenido una hija (de 2 años) con un secuestrador", dijo irónicamente el astrólogo peruano a Chilevisión.a

Armas se casó en 2018 con Rivera, tras lo cual se fueron a vivir a Chiclayo, donde él goza de cierta fama por su oficio y por sus apariciones frecuentes en la televisión local y en las redes sociales, donde junto con hacer predicciones entregaba consejos relacionados con ejercicios.

Rivera fue rescatada la semana pasada por la policía peruana tras recibir una denuncia de una vecina. Según declaró la afectada a la fiscalía, sufría golpes, le daban comida por una puerta y le impedían salir. De acuerdo a los medios locales, hubo que descerrajar su habitación para sacarla.

Armas negó las acusaciones asegurando que Rivera tenía libertad de desplazamiento y que hizo la denuncia "influenciada" por una vecina, con quien él tuvo un conflicto relacionados con un negocio de batidos. "En ningún momento Viera dijo que estaba secuestrada (…) La Fiscalía en verdad es la que secuestró a mi esposa", dijo.