Matías Gatica Lindsay

La mañana de ayer, efectivos de la Policía de Investigaciones allanaron la casa del alcalde de Rancagua, Ramón Godoy (PS), acusado de delitos de corrupción tras un informe de Contraloría, que detectó presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones de servicios por parte del edil.

Por orden de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, la Brigada Anticorrupción de la PDI, ingresó a diez inmuebles en Rancagua y Machalí, entre ellos la casa del jefe comunal, dependencias de la Municipalidad de Rancagua, empresas particulares y la Corporación Municipal Educacional, lugares donde revisaron computadores, correos electrónicos e incautaron dispositivos electrónicos.

En el domicilio del alcalde fueron encontrados $5,8 millones en efectivo y otros $1,5 millones fueron hallados en su oficina.

Según detalló la Fiscalía, se lleva a cabo una investigación "desformalizada" por eventual fraude al fisco y negociación incompatible, entre otros, y se indaga si se relacionan con la contratación directa de 270 millones en servicios, lo que cuestionó Contraloría.

Godoy, acusado de realizar compras a la empresa del hermano de uno de sus asesores sin licitación respectiva, dijo que estaba tranquilo, pues "el informe de la Contraloría lo solicité yo para tener claridad si hubo falencias administrativas. Creo que sí hubo errores administrativos (...) Aquí no existe ninguna irregularidad, entregamos todo colaborativamente".

Sostuvo además que el proveedor con el que es acusado de colaborar "venía de antes. Son temas que se arrastran de la administración anterior".

Y sobre la plata hallada, respondió que "son ahorros, tengo una hija con graves problemas de salud y lo tengo de ahorro para cualquier emergencia de ella", agregando son dineros "justificados con las transferencias (...) Yo pago una deuda en una clínica que no se puede pagar con tarjeta por los montos que tengo que pagar y eso es justamente lo que está en ese ahorro".

Los concejales dijeron que pedirán su salida.

El Presidente Gabriel Boric promulgó ayer la Ley TEA, que consagra los derechos de atención integral y protección de los derechos en el ámbito social, de salud y de educación a las personas con trastorno del espectro autista.

En la ceremonia realizada en la plaza de la Constitución, frente a La Moneda, el mandatario señaló que "estamos celebrando la promulgación gracias a ustedes, porque han sido ustedes, niños, niñas, madres, padres, adultos, con condición del espectro autista, que han luchado durante tantos años por esta ley, el visibilizar y concientizar sobre el autismo en Chile".

En concreto, la ley asegura el derecho a la igualdad de oportunidades, resguardo de la inclusión social y la eliminación de cualquier forma de discriminación a las personas bajo el TEA. Y a la vez, reconoce explícitamente el rol de las personas cuidadoras.

En la instancia, el Presidente fue interrumpido por un niño de San Felipe que lo invitó a jugar un partido de fútbol el domingo al estadio Municipal de su ciudad.

Por su parte, la vocera de la Mesa Interregional de Autismo, Chantal Garay, dijo que "con nuestros hijos hemos estado luchando el tema de que sean sujetos de derecho, no de caridad, y, por ende, no estar siempre dependiendo de la voluntad de los profesores y los médicos para atenderlos. Con esta ley, ahora va a ser un derecho".

Luego que un reportaje de Canal 13 reveló el martes la presunta venta de horas de atención por parte de funcionarios del Registro Civil, el ministro de Justicia, Luis Cordero, condenó el hecho y lo calificó como "la peor expresión del abuso que se puede cometer a los ciudadanos".

Según la investigación, hay al menos un funcionario involucrado en vender números de atención a $70 mil a usuarios que quisieran saltarse la fila en la sede de Huérfanos. Por ello fue denunciado por el Registro Civil y se le imputan los delitos de fraude y cohecho.

El secretario de Estado dijo a radio Concierto que "las investigaciones de estos casos empezaron en septiembre. El Registro Civil ha tenido que ajustar las brechas, las personas tenían que trasladarse a otros lugares para tener números (…) Los sumarios están en curso".

Al ser consultado sobre si estas malas prácticas se repiten en otras sedes, Cordero aseguró que aún desconocen la "magnitud del problema".

El ministro informó que debido a la alta demanda por obtener papeles del Registro Civil, habilitarán entre el 18 de marzo y el 1 de abril la atención en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) con más de mil horas disponibles. Lo mismo se hará con otros centros en Santiago.

Más tarde la ministra del Interior, Carolina Tohá, también cuestionó la presunta venta de horas. "Es el ADN de la corrupción pública", dijo.