Redacción

Un alarmante aumento en la tasa de homicidios tiene Calama, posicionándola como la segunda capital provincial a nivel país con alto porcentaje en esta estadística, con 198%.

Así lo refleja el estudio "Análisis del Crimen en Capitales Provinciales de Chile (2019-2023): Foco en Homicidios y Totalidad de Delitos", realizado por FARO de la Universidad del Desarrollo (UDD).

Dicho reporte se basó en los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito (CEAD), el cual se enfoca en dos periodos: el 2019, último año previo a la pandemia, sin restricciones significativas a las libertades ni confinamientos; y el 2023, primer año posterior a la crisis sanitaria, con una normalidad estructural restablecida.

En este estudio, que analizó la evolución de los delitos en las capitales provinciales de Chile, indicó que "Curicó lidera con la mayor variación en su tasa de homicidios cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2023, con +375%, destacándose como un caso crítico en la intensificación de la violencia letal".

A su vez, "le siguen Calama (+198%) y Valparaíso (+194%), reflejando un preocupante aumento de la violencia vinculada al crimen organizado y las pugnas territoriales en estas ciudades estratégicas".

También, Calama muestra una tasa de homicidios de 9,7 por cada 100.000 habitantes en 2023, con un total de 19. Aunque la cifra sigue es alta, el incremento respecto a 2019 (3,3) no ha sido tan pronunciado como en periodos anteriores.

Esto indica que, si bien Calama continúa siendo una ciudad con una tasa elevada de homicidios, el ritmo de aumento ha sido más moderado.

Según el estudio, la situación en Calama refleja también los desafíos asociados con su ubicación estratégica, debido a la actividad minera y la cercanía con rutas fronterizas que la hacen vulnerable al crimen organizado.

198% es el aumento de la tasa de homicidios en Calama cada 100 mil habitantes, según el estudio.

La Estrella

Hoy será puesto a disposición del Juzgado de Garantía un ciudadano extranjero, detenido ayer por la PDI en un operativo coordinado con el Ministerio Público, por un homicidio perpetrado el 14 de julio del año pasado en el sector norte de Antofagasta.

Su arresto fue el resultado de "múltiples diligencias investigativas, detectives de la Brigada de Homicidios Antofagasta, en coordinación con la Fiscalía ECOH", informó la policía civil, detallando que el imputado, de 35 años, era buscado por el crimen descubierto en un ruco del sector de la planta desaladora de La Chimba.

De acuerdo a lo indicado por el jefe de la unidad especializada, subprefecto Jaime Pérez Aguilera, "los antecedentes recopilados en el sitio del suceso, con el apoyo del Laboratorio de Criminalística Regional Antofagasta (LACRIM), determinaron que la víctima, un chileno de 54 años, habría sido atacado con un elemento contundente al interior de un ruco.

Según Pérez, una vez cometido el ataque el detenido se habría dado a la fuga, motivando intensas pesquisas que incluyeron el empadronamiento del sector, revisión de elementos tecnológicos y pruebas científicas, que permitieron identificar y posicionar al extranjero. Así se estableció su presunta participación en calidad de autor de homicidio con elemento contundente.

La Fiscalía de Calama acogió por segunda vez la solicitud para ampliar por 90 días más el proceso de investigación en el caso por violación que involucra a excadetes de Cobreloa, y de mantener las medidas cautelares de prisión preventiva para todos los implicados en la denuncia del hecho acontecido en septiembre de 2021.

Han transcurrido más de 200 días, desde que el 3 de mayo del año pasado la Fiscalía de Calama formalizó a nueve excadetes de la Sub 21. Además, a petición del Ministerio Público, los imputados quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, y se dispuso un plazo inicial de investigación de 120 días.

Posteriormente, se amplió la investigación en 90 días más, el 4 de octubre, y recientemente se volvió a aplicar esta misma medida. Algo que resulta fuera de plazo para el abogado Gustavo Menares, quien defiende a uno de los involucrados. El profesional manifestó que "nos hemos encontrado con un Tribunal que ha vulnerado bastante las garantías del imputado, en resoluciones bastante contrarias a derecho. Una de las garantías más importante que tiene un imputado privado de libertad es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Es decir, que esto no se dilate en el tiempo, ya que goza de la garantía de presunción de inocencia, que es una regla de trato y de prueba".

Añadió que "el 6 de enero estaban convocados los intervinientes para apercibir al Ministerio Público para el cierre de la investigación", ya que el 4 de octubre de 2024 el Tribunal le concedió una ampliación a la Fiscalía del plazo de investigar de 90 días, que venció el 2 de enero de 2025. "Es decir, la investigación estaba vencida, y dentro de esos días la Fiscalía no pidió aumento de plazo".