Leo Riquelme

La Contraloría inició una investigación a todos los convenios suscritos por la secretaría regional ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta a través del programa de Asentamientos Precarios. Esto, luego que la semana pasada se denunciara el pago de 426 millones de pesos a la ONG Democracia Viva, que es representada por la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade, polémica que decantó en la renuncia del jefe de la repartición, Carlos Contreras. Los tres son militantes en Revolución Democrática.

Según radio Bío-Bío, la Seremi tendría acuerdos similares con otros organismos por 3 mil millones de pesos, muchos de los cuales no habrían pasado por el proceso de toma de razón del fiscalizador debido a que se asignaron parcializadamente y por montos menores a los $316 millones, que es desde cuando se obliga a hacer revisión.

La Contraloría dispuso que la secretaría regional debe entregar todos los antecedentes en cinco días.

Fiscalía

Esta indagatoria se suma a la que abrió por oficio la fiscalía, centrada solo en la denuncia que involucra a Democracia Viva.

El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, indicó que ya hicieron las respectivas solicitudes de antecedentes a la Contraloría y la Seremi. Explicó que por ahora indagan eventuales delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude el fisco.

Ante lo denunciado, el Presidente Gabriel Boric había ordenó "colaboración absoluta" con las investigaciones, pues si "hay sospecha o antecedentes de delitos" le parece "gravísimo y nuestro Gobierno tiene el deber y la exigencia de colaborar en todo el proceso".

"Tenemos que ser muy claros y firmes: si en el pasado desde nuestro sector político fuimos muy duros en condenar todo tipo de actos reñidos con la fe pública y donde hubiese presunciones de delitos -que le corresponderá a la Justicia decirlo-, hoy cuando quienes están involucrados son personas cercanas al Gobierno debemos tener el mismo estándar e incluso ser más firmes. Acá no puede caber ningún tipo de complacencia ni de protección, sino que tenemos que ser muy claros en que este tipo de situaciones no las vamos a permitir", agregó.

Habían informado

Ayer la oposición endureció su ofensiva, luego que se conociera que la asociación de funcionarios del Serviu de Antofagasta informó en un correo electrónico a la subsecretaria de Vivienda, la también RD Tatiana Rojas, sus cuestionamientos a los convenios que estaba suscribiendo el entonces seremi Carlos Contreras, renunciado ante la polémica.

El ministro Carlos Montes respondió que la notificación que conocía era por supuestas contrataciones indebidas, no sobre los convenios. Aseguró que de ellos sólo se enteró la semana pasada, cuando se divulgó el acuerdo con Democracia Viva. Además, respaldó a la subsecretaria Rojas.

El presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, dijo en radio Concierto que eso sucedió porque "la información que le fue entregando el seremi, lo que nos dice la subse, es que fue como parcial , fue de a poco hasta que la cosa fue como creciendo".

Sumario y auditoría

Los diputados de RN concurrieron en la mañana a la Contraloría para solicitarle que investigue alguna eventual responsabilidad del ministro Montes al aceptar la renuncia de Contreras, lo que le impediría abrir un sumario en su contra.

Asimismo, solicitaron que se abra una indagatoria contra la subsecretaria Rojas por presuntamente no haber acogido la denuncia de los funcionarios; y se ordene una auditoría en todas las seremis de Chile para revisar este tipo de contratos directos con organizaciones supuestamente relacionadas con el Frente Amplio.

Parlamentarios de la UDI, en tanto, presentaron una querella por la denuncia y pidieron que se abra e acceso a las cuentas bancarias de Andrade, Contreras y de la diputada Pérez, que ha negado tener conocimiento del convenio, fustigó a quienes lo suscribieron y les llamó a hacerse responsables.

El embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés pidió calma al asegurar que avanzan en consensos con el gobierno de Estados Unidos para resolver los problemas con el programa Visa Waiver, que el Partido Republicano norteamericano amenaza con boicotear debido a que ha facilitado el ingreso de delincuentes chilenos y a que ha habido trabas en la entrega de información, según se ha quejado la fiscalía de Orange County, en California.

"Los equipos técnicos de Homeland Security (DHS) y de nuestra Cancillería, el Ministerio del Interior y el Registro Civil han avanzado con pleno consenso en las normas y mecanismos que aseguran el intercambio expedito de antecedentes penales de los solicitantes de Visa Waiver", tuiteó Valdés.

La continuidad de este programa, que facilita la tramitación de visas de turismo y negocios a EE.UU., se revisa anualmente y el diplomático informó que las conversaciones seguirán hoy.

"Esperamos que los consensos conduzcan a un resultado que satisface plenamente a ambas partes. El Comité de la Cámara de Representantes ha condicionado el financiamiento del programa al cumplimiento de las conversaciones. Está en su derecho y el acuerdo le da respuesta", añadió.

Temprano, la ministra del Interior, Carolina Toha, admitió en radio Cooperativa que el riesgo del fin del programa era "un tema de la mayor preocupación", por lo que aseguró que trabajaban para resolver la controversia.