Leo Riquelme

Una semana después que el propio Presidente Gabriel Boric respaldara su gestión, el Ministerio de Vivienda solicitó ayer la renuncia al seremi del Maule, Rodrigo Hernández, luego que detectara eventuales irregularidades en convenios suscritos con Urbanismo Social, una fundación que el militante RD gerenció hasta marzo de 2022.

Tras una reunión de gabinete, el ministro Carlos Montes informó que la decisión la tomaron luego que el equipo investigador detectó que el abogado no se inhabilitó en un segundo convenio que suscribió su cartera con la ONG, a diferencia de lo que él dijo había hecho con el primero.

"Aparecía involucrado más allá de la obligación de inhabilidad que tiene", dijo.

Montes instruyó además la apertura de un "sumario administrativo completo" en su contra y la entrega de los antecedentes al Ministerio Público, que indaga los convenios por más de $500 millones suscritos con Urbanismo Social, la quinta ONG con más acuerdos de este tipo.

Hernández deberá salir del puesto tal como ocurrió con el seremi de Antofagasta, Carlos Contreras; y la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, Los tres militaban en RD al momento de los hechos.

La semana pasada Boric había dicho que "con los antecedentes que tengo hasta la fecha, y claro que los antecedentes pueden cambiar, ni el seremi del Maule ni (la delegada presidencial del Biobío) Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar". La frase le valió críticas.

"¡Por dios! Han llegado a tarde a todo. ¡No querían ni tocar a Urbanismo Social! Blindaron al seremi y a la delegada del Biobíoy ahora le piden la renuncia. Llevan improvisando como inexpertos durante 20 días. ¡Montes no nos ha hecho caso en nada !", tuiteó ayer el senador PS Fidel Espinoza.

La causa abierta por Urbanismo Social la lleva la Fiscalía Regional de Antofagasta, donde estalló el caso a partir de la denuncia de irregularidades por los convenios por 426 millones con Democracia Viva. El Ministerio Público informó ayer que allanó cuatro fundaciones en operativos realizados en Providencia, Las Condes, Ñuñoa y San José de Maipo.

Otras denuncias

La senadora DC Yasna Provoste denunció ayer ante la Fiscalía Regional de Atacama dos convenios presuntamente irregulares suscritos por la Seremi de Desarrollo Social local, relacionados con la atención de personas que viven en situación de calle. Involucran a las ONG Visible y Atacama Sueños.

Sobre la primera indicó que se trata de una fundación familiar, de Antofagasta y sin experiencia en albergues, pese a lo cual se adjudicó el programa para administrar uno en Copiapó por $160 millones. La indagatoria apunta que lo hizo tras inscribirse en el registro de colaboradores del Estado apenas 15 días antes del llamado a licitación y que no habría cumplido con criterios claves para su aprobación.

Esto había sido denunciado al ministro Giorgio Jackson, que informó que detectaron anomalías y ordenó una investigación.

Además, Provoste denunció los $134 millones que recibió Atacama Sueños. Según ella, uno de los proyectos se los adjudicó el mismo día en que inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos.

Caso en rancagua

Desde que estalló el caso en Antofagasta el Ministerio Público ha abierto investigaciones en ocho regiones por $14 mil millones.

Al grupo se sumó la Fiscalía de O'Higgins, que entre los que indaga está la Seremi de Vivienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera .

Según T13.cl, el Ministerio Público revisa dos convenios por $121 millones en 2021 con Arquiduc, ONG que tenía entre sus miembros a Gustavo Villalobos, jefe de gabinete del entonces director del Serviu. Además, era presidida por Carlos Acuña, militante RN que ocupó varios cargos en ambos gobiernos de Piñera.

El senador Juan Luis Castro (PS) indicó ayer que esta fundación tenía expertice en materias educacionales, sin embargo se adjudicó de manera directa proyectos para luminarias en una resolución supuestamente exprés.

Alfaro aseguró en sus redes sociales que ambos convenios se ajustaban a derecho y garantizó que las obras sí se hicieron. Asimismo, colgó un documento que indica que Villalobos se abstuvo de participar en cualquier acción que involucrara a Arquiduc, aunque el senador Castro dijo que lo hizo "tardíamemente" y presentó una querella, pues a su juicio hay "un evidente conflicto de interés".

Alfaro lo descartó. "No hay lugar para la política del empate. Los casos de corrupción que hemos visto en los últimos días son reprochables y afectan a las comunidades más vulnerables y a la fe pública. Esto no puede empañar la gestión de organismos que mejoran la calidad de vida".

Luego de más de tres meses de juicio, ayer el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable a Martín Pradenas de siete delitos sexuales -dos de violación y cinco de abuso- cometidos contra seis víctimas entre 2010 y 2019. La lectura de la sentencia será el viernes 28 de julio a las 13:00 horas y la Fiscalía insiste en que se le condene a 40 años de cárcel

Pasadas las 9:00 horas de ayer, en el segundo juicio en su contra, luego que la Corte Suprema anuló en diciembre de 2022 la primera instancia que lo condenó a 20 años de cárcel por considerar la parcialidad de uno de los magistrados, el tribunal determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía fueron suficientes para considerar culpable a Pradenas de los delitos antes mencionados.

En la instancia, el juez José Ignacio Rau Atria aseguró que "habiendo adquirido la convicción de que en esos delitos reiterados el enjuiciado tuvo una participación inmediata y directa, quedando desvirtuada la presunción de inocencia, se procede a condenar a Martín Pradenas en calidad de autor de aquellos delitos".

De esta manera se comienza a cerrar este caso que salió a la luz en 2019, cuando la familia de Antonia Barra denunció a Pradenas de haber violado a su hija, quien posteriormente se suicidó por este hecho y que dio paso a que otras víctimas, todas de La Araucanía, se sumaran a la instancia legal en su contra.

Luego del juicio, la madre de Antonia, Marcela Parra, dijo que "la pena no se termina, ni siquiera con la sentencia que le den, pero sí estamos tranquilos y esperando una condena que sea mayor a la del año pasado. Todas las víctimas necesitan sus años de justicia".

Desde el Ministerio Público esperan que se le condene a 40 años de cárcel, amparados en que se consideren los siete delitos por separado. "Entendemos que si bien es cierto existe esta satisfacción, no podemos dejar de olvidar que lo que se ha acreditado son afectaciones a cada una de las víctimas, por lo cual hay que tomar este paso con tranquilidad, pero entendemos que este hito marca un punto relevante en la etapa reparatoria de cada una de las víctimas", dijo el fiscal del caso, Miguel Ángel Rojas.

Por su parte el defensor penal público y abogado de Pradenas, Patricio Salinas dijo que "a nuestro juicio los distintos hechos que se atribuyeron son de una misma naturaleza entonces el tribunal podría realizar esa adecuación de pena que nosotros solicitamos (10 años de cárcel)" y que una vez dictada la sentencia del 28 de julio van a analizar "recursos procesales".