Paro fue de advertencia y no descartan indefinido
En demanda a mejores condiciones laborales los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Registro Civil e Identificación en Antofagasta paralizaron ayer por 24 horas y en forma coincidente en Antofagasta.
Ambos servicios dependientes del Ministerio de Justicia no descartaron repetir la paralización e incluso hacerla indefinida si no logran una respuestas satisfactorias a sus demandas salariales.
El Registro Civil convocó a nivel nacional a este paro de advertencia, debido a que las demandas exigidas en la movilización de 2013 siguen sin ser resueltas. Los trabajadores piden que se normalice el sistema de repartición, además de los bonos de asignación comprometidos por el ex ministro José Antonio Gómez, los que estarían siendo desconocidos por la actual titular de la cartera.
Mientras que en el Sename están solicitando la universalidad de la escala de grado, ya que desde el 2007 que no tienen un aumento de grados. Además, que "el 98% de los funcionarios son a contrata, por lo que no pueden optar a una carrera funcionaria", explicó Luis Romero, educador de trato directo y presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regional (Anfur) Antofagasta.
Por eso ayer paralizaron más de 70 funcionarios en la dirección regional y en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP- CRC), ex Surgam, funcionando sólo los turnos éticos para mantener todas la acciones de salida e internación de menores, de acuerdo a lo que dispongan los tribunales de justicia y autoridades policiales, como asimismo facilitó las tareas de jueces y fiscales. El paro "no incidió en los derechos de los niños y jóvenes", dijo Magdalena Hume, tesorera de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse). J
Los profesionales y personal de trato directo del ex Surgam están sometidos a estrés debido a que constantemente son agredidos por los jóvenes infractores de ley y triplican su labor, considerando que el centro tiene capacidad para 44 jóvenes y han llegado a tener sobre 100. De manera, que cada educador atiende hasta 20 jóvenes por casa, cuando por ley debieran ser sólo 7.
Lorena Pereira Molina